QUÉ MODELO DE DESARROLLO QUEREMOS PARA LAS TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR?

Ing. José Pileggi


La Ley para la Transformación Económica del Ecuador (Ley 2000-4 publicada en el suplemento del R. O. 34 del 13 de marzo del 2000) en su Art.58 reformó el Art. 38 de la Ley Especial de Telecomunicaciones y consagró el Régimen de Libre Competencia en el Sector de las Telecomunicaciones al disponer que todos los servicios de telecomunicaciones deben brindarse en régimen de libre competencia, evitando los monopolios, prácticas restrictivas o de abuso de posición dominante, y la competencia desleal, garantizando la seguridad nacional y promoviendo la eficiencia, universalidad, accesibilidad, continuidad y la calidad del servicio.

Esta filosofía para el desarrollo de las telecomunicaciones, que eliminaba los monopolios públicos y privados en el sector, está fundamentada en un elemento piramidal, cuya base está soportada en los principios de la libre y leal competencia y en una protección adecuada de los derechos de los usuarios, tan válidos en el 2000 como en el presente.

Estos dos principios consagrados como derechos de los ciudadanos ecuatorianos en la mencionada ley, denotan en la práctica, la intención de que todos tengamos acceso a los servicios de telecomunicaciones a precios reales, relacionados directamente con la calidad que entreguen los prestadores de los mismos.

La apertura a la libre competencia se tradujo en una amplia oferta de servicios disponible para los consumidores, aumento de la productividad por el mayor acceso a la información y a la tecnología y fomento del desarrollo, en beneficio del bien común, como diría en una publicación del 20 de Octubre del 2007 Jaime Guerrero Secretario Nacional de Telecomunicaciones y Presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones del actual Gobierno: “Creo sin temor a equivocarme que la época que marcó la diferencia a favor de los entes de Regulación y Control fuel el período comprendido entre el 2000 y 2003. En ese período el Regulador realizó importantes adaptaciones a los marcos regulatorios, reformó reglamentos, emitió nuevas normas y generó nuevas concesiones que lograron equilibrar las fuerzas del mercado y favorecieron con mejores servicios, un control constante, estricto y adecuado, y mayor oferta de servicios de telecomunicaciones a los usuarios. Los resultados están a la vista. Lástima que las circunstancias políticas no le permitieron al regulador y al Gobierno de ese entonces promulgar una nueva Ley, pues faltó esa ficha para que el Regulador hubiese logrado su cometido total”.

No es entonces una casualidad que el 2008 al momento de la renovación de las concesiones de telefonía móvil (celular) Porta y Movistar, ambas hayan pagado cifras que en conjunto bordean los 700 millones de dólares, a pesar de la crisis financiera internacional, por un mercado de más de 12´500.000 abonados desarrollados bajo el modelo de apertura. Pero a dónde van a parar esos fondos? A la caja fiscal, lo que constituye un error que los recursos obtenidos del sector, no consten dentro de la política gubernamental para ser reinvertidos en el mismo sector, y sobre todo aquel que requiere subsidio con lo que se favorecería el servicio universal, el acceso a nuevas tecnologías a grupos marginales y la concreción de una efectiva convergencia de redes y servicios.

El sector de telecomunicaciones es uno de los más sanos de nuestra economía y contribuye al ahorro interno, crea puestos de trabajos productivos y una mayor inclusión social. Prueba de ello es la incidencia que a partir de la apertura tiene el sector en el Producto Interno Bruto del país (4%), esto significa más o menos 3.000 millones de dólares, sin incluir radio ni televisión, lo que convierte al estado en uno de los mayores beneficiarios, por los impuestos generados. Pero poco y nada estamos haciendo para sostener y promover al sector, pues desde hace más de un año por decisión administrativa y no legal, no se otorgan nuevas licencias para servicios como: telefonía fija local, larga distancia nacional e internacional, portadores(banda ancha), entre otros, esto significa dejar en el limbo la continuidad o mejora del modelo de libre competencia, frente a pretensiones que desde el gobierno anuncian una posible monopolización y centralización estatal de los servicios.

Es vital que las empresas públicas antes Andinatel y Pacifictel ahora Consorcio Nacional de Telecomunicaciones (CNT), sea competitiva en el mercado a través de una gestión administrativa despolitizada y descentralizada, y de incursión en nuevos negocios, más aún que es el operador dominante, y no en base a un proteccionismo estatal a partir de la regulación, mal que en el pasado jamás pudo satisfacer las exigencias de los consumidores, sino cuando cambiaron su modelo y fueron eficientes, no olvidemos que la estatal Andinatel en el 2002-2003 entregó utilidades que llegaron a los 80 millones de dólares anuales, cómo? multiplicando el número de usuarios y servicios, situación que en la actualidad no está siendo considerada.

Idéntica cosa podríamos decir de la estatal Alegro, cuya vigencia es importante para estimular la competencia en el mercado de móviles y de datos. Poco y nada se ha hecho al respecto, y más bien ha caído presa durante este período de los mismos males y taras que se criticaron: politización y escándalo.
Es necesaria la viabilidad económica-financiera del sector de forma que remunere de manera adecuada los capitales en él invertidos, ello implica además un ambiente institucional favorable a las inversiones, y también a ser un receptor oportuno de conocimiento y tecnología que no se desarrolla en el país.
Una de las cuestiones más importantes para el sector de telecomunicaciones es compatibilizar el concepto de estabilidad jurídica, tributaria y regulatoria con el alto ritmo de innovación tecnológica y transformación de los modelos de negocios que imperan en el sector. Por tanto la ficha que faltó para que el Regulador cumpla con su cometido en el 200-2003, esto es la nueva Ley de Telecomunicaciones, y que sectores gubernamentales la vienen cacareando desde hace más de un año, deberá aupar el crecimiento del sector y no el de espacios protagónicos y de poder dentro del ejercicio del gobierno, pues esto mataría a la gallina de los huevos de oro.